Cada cambio de ministro de Salud despierta una curiosidad casi ritual. Se revisa la hoja de vida del designado, se buscan afinidades ideológicas, se recuerdan declaraciones pasadas y, finalmente, se intenta adivinar el futuro del sistema a partir del origen profesional de quien ocupará el despacho.
No es un ejercicio inútil. Tampoco suficiente.
La nueva ministra llega después de una larga trayectoria defendiendo la red hospitalaria pública. Conoce de cerca la angustia de los gerentes que esperan un giro para pagar la nómina, la incertidumbre del talento humano, las dificultades de los hospitales que intentan sobrevivir mientras atienden pacientes cada vez más complejos. Nadie puede negar que esa experiencia constituye un activo importante para el país.
Pero el verdadero interrogante no es quién llega al Ministerio.
El verdadero interrogante es qué Ministerio recibe.
Hace poco más de treinta años Colombia decidió organizar su sistema de salud alrededor de un modelo de aseguramiento. Desde entonces hemos discutido casi todo lo imaginable. Hemos debatido el valor de la UPC, la integración vertical, las tutelas, los recobros, la suficiencia financiera, los modelos de contratación, la naturaleza de las EPS, la autonomía médica, los medicamentos, las deudas, la cartera y las reformas.
Durante décadas el debate ha sido intenso. A veces apasionado. Con frecuencia estéril.
El gobierno que termina intentó modificar esa arquitectura mediante una reforma de gran alcance. No lo consiguió. Las razones son múltiples y seguirán siendo motivo de análisis durante muchos años. Lo cierto es que el país llega al inicio de un nuevo gobierno con un sistema cuya estructura esencial permanece intacta.
La nueva administración, por su parte, parece haber escogido un camino diferente. En lugar de anunciar una nueva transformación estructural, ha concentrado su discurso en la estabilización del sistema existente. Es una decisión políticamente comprensible. Ninguna sociedad soporta indefinidamente un sector salud en permanente confrontación.
Sin embargo, conviene preguntarse si estabilizar un sistema equivale necesariamente a resolverlo.
Es posible que una importante inyección de recursos alivie la liquidez de hospitales y aseguradores. Es posible que disminuyan las tensiones más urgentes. Es posible incluso que durante algún tiempo el ciudadano perciba una sensación de normalidad.
Ojalá ocurra.
Pero aun si todo ello sucede, permanecerá intacta una pregunta que Colombia lleva demasiado tiempo evitando.
¿Qué entendemos por un sistema nacional de salud?
La respuesta parece obvia, pero no lo es.
Porque un sistema puede ser extraordinariamente eficiente administrando consultas, cirugías, medicamentos y procedimientos sin llegar a conocer verdaderamente la salud de la población a la que sirve.
Ésa es la paradoja.
Hemos construido una enorme capacidad para administrar la medicina.
No necesariamente para gobernar la salud.
La diferencia entre ambas cosas parece sutil, pero cambia por completo la conversación.
La medicina responde a la enfermedad cuando ésta ya existe.
La salud exige comprender por qué aparece, cómo evoluciona, dónde se concentra, qué la modifica y cuáles decisiones colectivas pueden transformarla antes de que llegue al consultorio o al quirófano.
Mientras no exista esa capacidad de conocimiento, el sistema continuará girando alrededor de aquello que sí sabe medir: dinero, facturas, contratos, autorizaciones, glosas, recobros y presupuestos.
No porque esos asuntos sean irrelevantes.
Sino porque terminan ocupando el lugar de aquello que nunca aprendimos a construir.
Una inteligencia sanitaria nacional.
No un software.
No una plataforma adicional.
No otro formulario.
Una capacidad permanente del Estado para conocer, casi en tiempo real, la salud de su población, comprender sus transformaciones y convertir ese conocimiento en decisiones públicas.
Tal vez ése sea el vacío más importante de nuestro sistema.
Y, paradójicamente, casi nunca forma parte de la discusión.
Discutimos quién administra los recursos.
Discutimos quién presta los servicios.
Discutimos quién asegura a los ciudadanos.
Pero rara vez discutimos quién produce el conocimiento indispensable para gobernar la salud de un país.
Quizá por eso cada cambio de ministro despierta tantas expectativas.
Esperamos que una persona resuelva aquello que ninguna institución ha sido diseñada para hacer.
No es una tarea individual.
Ni siquiera gubernamental.
Es una tarea de Estado.
La nueva ministra seguramente encontrará hospitales que necesitan recursos, aseguradores que reclaman estabilidad, profesionales agotados y pacientes que exigen respuestas. Atender esas urgencias será inevitable y, probablemente, acertado.
Pero sería una lástima que, una vez más, el país terminara creyendo que superar la siguiente crisis financiera equivale a haber encontrado el rumbo.
Los sistemas de salud no fracasan únicamente cuando se quedan sin dinero.
También fracasan cuando dejan de hacerse las preguntas fundamentales.
Y quizá la primera de todas sea ésta:
¿Estamos administrando la salud de los colombianos o simplemente administrando el tránsito de los colombianos por un sistema de atención médica?
Si la respuesta aún no es clara, entonces la conversación verdaderamente importante apenas comienza.
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