Inteligencia Sanitaria Integrada o un camino incierto hacia las soluciones del sector salud

Juan Rafael Correa, 4 nov 2026

El sistema colombiano de salud parece ingresar en una etapa de expectativa de recuperación financiera. 

Los anuncios gubernamentales sobre recursos extraordinarios, entre ellos los provenientes del Banco Mundial, han contribuido a crear un ambiente de moderado optimismo en algunos sectores. Sin embargo, la destinación efectiva de esos recursos, su alcance y su capacidad para corregir los desequilibrios financieros del sistema todavía no están suficientemente establecidos.

Conviene, por tanto, distinguir entre la expectativa de un alivio económico y la recuperación de la sostenibilidad del sistema de salud. La gestión reciente del Ministerio de Salud ha estado condicionada por circunstancias extraordinarias. 

El terremoto de agosto, las dificultades de atención que ya existían en los territorios y la acumulación de obligaciones financieras han impuesto a la nueva administración la necesidad de atender simultáneamente una emergencia y una crisis que la precedía. 

En este contexto, buena parte de su actividad pública ha estado dirigida a restablecer la continuidad de los servicios, dimensionar los daños, formular respuestas inmediatas y transmitir a la población mensajes de tranquilidad acerca del compromiso gubernamental con su atención. 

No es una tarea menor. En situaciones de incertidumbre, conservar la confianza pública es también una responsabilidad sanitaria. Pero la atención de las urgencias, por indispensable que sea, no puede confundirse con la conducción de una transformación estructural. 

La magnitud de los problemas acumulados exige que, más allá de los anuncios de financiación, se conozcan las decisiones sobre la organización futura del sistema y las condiciones que habrán de garantizar su funcionamiento. 

El presupuesto nacional para 2027 ya ha sido establecido formalmente y contempla una asignación para salud. Sin embargo, la existencia de una partida presupuestal no resuelve por sí misma los interrogantes acerca de su suficiencia, la atención de las deudas acumuladas y el costo de las obligaciones futuras. 

La disponibilidad de recursos extraordinarios puede facilitar el cumplimiento de compromisos pendientes y recuperar temporalmente la liquidez de algunos actores, pero no demuestra que se haya alcanzado un equilibrio financiero sostenible. 

Esta distinción es fundamental: una cosa es recuperar la capacidad de pagar las obligaciones del sistema y otra, muy distinta, recuperar su capacidad para producir salud de manera sostenible. Y es precisamente aquí donde parece encontrarse el problema que los anuncios de recuperación financiera dejan pendiente.

La arquitectura fundamental del sistema colombiano de salud no ha cambiado. Seguimos organizando la atención mediante un modelo de aseguramiento en el cual la identificación de las necesidades, la contratación de los servicios y la distribución de buena parte de los recursos están condicionadas por la información y las decisiones de los aseguradores. 

Aunque existen organismos públicos, sistemas de información epidemiológica y numerosas fuentes de datos sanitarios, su integración y utilización efectiva para orientar las decisiones siguen siendo insuficientes. 

No se trata de desconocer la información disponible ni de atribuir a los aseguradores todas las deficiencias del sistema. Se trata de advertir que conocer las prestaciones realizadas, las enfermedades diagnosticadas, los servicios facturados y las obligaciones económicas contraídas no equivale a conocer integralmente las necesidades de salud de una población. 

Una verdadera inteligencia sanitaria nacional debería permitir relacionar las condiciones demográficas, epidemiológicas, sociales y territoriales con la capacidad instalada, las oportunidades de prevención, las trayectorias de atención y los resultados obtenidos. Debería servir no solamente para calcular cuánto cuesta atender la enfermedad, sino para establecer qué necesidades existen, cuáles pueden anticiparse, dónde se encuentran, cómo deben atenderse y qué resultados cabe exigir a los recursos utilizados. 

Una Inteligencia Sanitaria Integrada: multisectorial, inclusiva, operativa, de acceso público, capaz de anticipar las necesidades de salud, orientar decisiones y transformar ágilmente sus instrumentos, prioridades y respuestas conforme evoluciona la realidad sanitaria de la población. 

Mientras esa inteligencia no se convierta en un instrumento central de planificación y gobierno del sistema, seguiremos administrando las consecuencias de necesidades que no hemos conseguido reconocer o atender oportunamente. 

Es posible, por supuesto, que una inyección extraordinaria de recursos permita reducir obligaciones, restablecer pagos y recuperar parcialmente el funcionamiento de instituciones que hoy soportan dificultades financieras considerables. Sería deseable que así ocurriera. 

Sin embargo, si permanecen inalteradas las condiciones que originan las diferencias entre las necesidades asistenciales, los costos de atención y los recursos asignados, no existen razones suficientes para suponer que los desequilibrios desaparecerán. El desfinanciamiento puede reaparecer, aun después de una recuperación transitoria de la liquidez. 

Existe, además, otra consecuencia de esta situación que merece especial atención. 

La aparente estabilización financiera no necesariamente tendrá efectos semejantes sobre todos los participantes del sistema. Los aseguradores con redes de prestación propias o vinculadas empresarialmente disponen de mecanismos de contratación, organización de servicios y administración de recursos diferentes de aquellos disponibles para las instituciones prestadoras independientes. 

En un escenario de recursos limitados, estas diferencias pueden adquirir una importancia determinante. 

La integración vertical no constituye por sí misma una práctica inconveniente. Puede favorecer la coordinación de la atención, la continuidad asistencial y la eficiencia en el uso de recursos. Pero también puede propiciar conflictos de interés, concentración de la contratación y restricciones a la participación de prestadores independientes, particularmente cuando la vigilancia de estas relaciones resulta insuficiente. 

Cabe entonces preguntarse si una recuperación financiera, sin modificaciones importantes en las condiciones de contratación y organización de las redes, terminará favoreciendo la concentración de los servicios en los aseguradores integrados verticalmente y en sus instituciones prestadoras. 

No es posible afirmar todavía que ese será necesariamente el resultado. Pero existen motivos para considerar el riesgo, especialmente para hospitales y clínicas cuya supervivencia depende de contratos con aseguradores que controlan tanto la financiación como una parte de la oferta asistencial. 

El problema trasciende la viabilidad económica de esas instituciones. Un hospital puede representar una capacidad sanitaria indispensable para una población por su localización, experiencia, complejidad, oportunidad de atención o función docente, y encontrarse, sin embargo, en condiciones financieras desfavorables por razones que poco tienen que ver con la calidad o pertinencia social de sus servicios. 

Si la asignación de los recursos termina favoreciendo determinadas estructuras empresariales sin consideración suficiente por las necesidades reales de la población, el sistema podría conservar o fortalecer instituciones por su posición contractual antes que por su contribución sanitaria. 

Esta posibilidad plantea una pregunta que debería anteceder a cualquier estrategia de recuperación financiera: ¿qué capacidades de atención necesita preservar y desarrollar Colombia para responder a las necesidades de salud de sus habitantes? 

 Responderla exige algo más que determinar cuánto dinero falta para pagar lo que ya se hizo. 

Exige saber qué debería hacerse, qué pudo haberse evitado, qué atención llegó demasiado tarde, cuáles recursos están mal distribuidos y cuáles capacidades asistenciales resultan indispensables para el futuro. 

La recuperación financiera, si finalmente se concreta, será una buena noticia. No tendría sentido desconocer la importancia de aliviar las dificultades que padecen pacientes, profesionales, hospitales y aseguradores. Pero tampoco sería prudente convertir ese alivio en una declaración anticipada de solución.

 La legitimidad de un sistema de salud no procede de su capacidad para mantener financieramente activas las instituciones que lo componen, sino de su capacidad para responder, de manera oportuna, equitativa y eficaz, a las necesidades de salud de la población. 

 La financiación es indispensable para alcanzar ese propósito, pero no constituye el propósito mismo. 

 Tal vez la pregunta más importante de esta coyuntura no sea cuánto dinero adicional conseguirá el Gobierno para sostener el sistema que tenemos, sino si aprovecharemos la recuperación financiera para construir el sistema que necesitamos o si nos limitaremos a financiar, una vez más, las condiciones que hicieron necesaria su recuperación.

La salud en Colombia: del aseguramiento financiero a una inteligencia pública del derecho fundamental

Documento de posición

Autor: Juan R Correa, MD Médico independiente colombiano, con experiencia clínica de alto nivel de complejidad y vinculación académica de varias décadas en el área de la salud.

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Introducción

El sistema de salud colombiano no puede seguir siendo discutido como si se tratara apenas de una controversia administrativa entre EPS, Gobierno, hospitales, pacientes, jueces y entes de control. Ese marco es insuficiente, estrecho y moralmente pobre. La salud en Colombia es, por mandato constitucional y estatutario, un derecho fundamental autónomo, irrenunciable, individual y colectivo. Por tanto, cualquier modelo de financiación, aseguramiento, prestación o auditoría debe subordinarse a una pregunta superior: ¿está el Estado garantizando efectivamente la vida, la dignidad, la oportunidad, la continuidad y la calidad de la atención?

La crisis actual no puede reducirse a la corrupción, aunque la corrupción exista; ni a la insuficiencia de recursos, aunque esta sea evidente; ni al desempeño de las EPS, aunque muchas de ellas hayan fracasado en solvencia, oportunidad y legitimidad social. La falla es más profunda: Colombia construyó un sistema obsesionado con asegurar transacciones, pero no con conocer, medir y transformar el estado real de salud de su población.

La tesis central de este documento es que ningún sistema de financiación sanitaria puede ser éticamente defendible si no se funda en información pública, verificable, interoperable, territorializada y orientada a resultados en salud. Un modelo que paga sin saber suficientemente qué produce, que audita sin medir desenlaces, que contrata sin inteligencia epidemiológica y que obliga al ciudadano a tutelar para obtener lo que ya le pertenece por derecho, es un modelo constitucionalmente incompleto y éticamente fallido.

A. La salud no es una mercancía asegurada: es un derecho fundamental

La Constitución Política establece que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, regido por eficiencia, universalidad y solidaridad. La Ley Estatutaria 1751 de 2015 profundizó esta noción al reconocer la salud como derecho fundamental autónomo e irrenunciable.

Esto significa que el aseguramiento, las EPS, la UPC, la ADRES, los prestadores, los contratos y los flujos financieros son medios. Ninguno de ellos puede convertirse en fin. Cuando el debate público se concentra exclusivamente en quién administra el dinero, pero no en qué resultados sanitarios obtiene la población, se traiciona la arquitectura ética de la Constitución.

Crítica: Colombia ha tolerado por décadas una inversión conceptual del sistema: el paciente se adapta al aseguramiento, cuando debería ser el aseguramiento el que se someta al derecho del paciente.

Mensaje: Toda reforma debe iniciar con una declaración operacional: ningún intermediario financiero, público o privado, puede tener legitimidad si no demuestra resultados medibles en salud, oportunidad, continuidad, calidad, equidad territorial y protección efectiva de la dignidad humana.

B. El problema no es sólo de resultado financiero: es de su diseño de origen 

El país discute cuánto cuesta la UPC, cuánto debe la ADRES, cuánto adeudan las EPS, cuánto reclaman las IPS y cuánto falta para medicamentos. Todo eso es indispensable, pero no suficiente.

La pregunta anterior debería ser: ¿sabemos con precisión qué carga de enfermedad estamos financiando, en qué territorios, en qué edades, con qué riesgos, con qué desenlaces esperables y con qué intervenciones costo-efectivas?

Un sistema que no conoce desde su origen con detalle la prevalencia real, la incidencia, los desenlaces clínicos, las brechas territoriales, la calidad de la atención, los tiempos de oportunidad, la adherencia terapéutica y los resultados por prestador no es un verdadero sistema de salud. Es un sistema de pagos alrededor de la enfermedad.

Crítica: Colombia ha confundido información administrativa con inteligencia sanitaria. Facturar no es conocer. Afiliar no es cuidar. Autorizar no es garantizar. Pagar no es producir salud.

Mensaje: Debe crearse una verdadera Autoridad Nacional de Inteligencia Sanitaria, técnica, pública, independiente, interoperable y blindada contra ciclos políticos, encargada de integrar datos clínicos, epidemiológicos, financieros, territoriales y de resultados.

C. El aseguramiento no debe desaparecer por dogma, pero tampoco sobrevivir por inercia

El aseguramiento puede ser útil si distribuye riesgo, ordena redes, gestiona rutas, anticipa necesidades y protege financieramente al ciudadano. Pero se convierte en una arquitectura éticamente indefendible cuando su principal función real es intermediar recursos sin demostrar valor sanitario.

El debate colombiano ha caído en una falsa dicotomía: “defender EPS” o “eliminarlas”. La pregunta correcta es otra: ¿qué funciones del aseguramiento son socialmente necesarias, cuáles agregan valor y cuáles son simplemente costos de intermediación?

Crítica: Defender el aseguramiento sin exigirle evidencia pública de valor es una forma de conservadurismo institucional. Destruirlo sin haber construido capacidad estatal real puede ser una forma de irresponsabilidad política. Ambas posiciones pueden terminar lesionando al paciente.

Mensaje propositivo: Toda entidad gestora —EPS, gestora pública, red integrada o agencia territorial— debe ser evaluada por indicadores obligatorios: mortalidad evitable, oportunidad, continuidad, control de crónicos, satisfacción, desenlaces quirúrgicos, protección financiera, gestión de medicamentos, salud mental y equidad territorial.

D. La UPC no puede seguir siendo una cifra opaca disputada entre actores

La Unidad de Pago por Capitación está en el corazón financiero del sistema. Si está mal calculada, el sistema se desfinancia. Si está sobredimensionada sin auditoría, se abren puertas a rentas indebidas. Si es técnicamente opaca, se convierte en campo de guerra política.

La UPC debe dejar de ser una cifra disputada entre Gobierno, EPS y gremios para convertirse en un instrumento público, auditable, reproducible y científicamente explicado.

Crítica: Un país que no puede explicar con transparencia cómo calcula el valor necesario para garantizar el derecho fundamental a la salud está administrando a ciegas uno de sus pactos sociales más delicados.

Mensaje: El cálculo de la UPC debe ser publicado con metodología abierta, datos auditables, ajustes territoriales, cargas de enfermedad, envejecimiento, innovación tecnológica, inflación sectorial, gasto farmacéutico, suficiencia prospectiva y evaluación independiente anual.

E. La tutela masiva en salud es una confesión de fracaso institucional

Cuando cientos de miles de ciudadanos deben acudir a la tutela para obtener medicamentos, citas, procedimientos, tratamientos oncológicos, cirugías o servicios ya incluidos en el derecho fundamental, el problema no es el ciudadano “demandante”. El problema es el Estado incumplido.

La judicialización masiva del acceso es una forma de sufrimiento burocrático. Obliga al enfermo a convertirse en litigante. Obliga al anciano, al paciente oncológico, al niño con discapacidad, al paciente psiquiátrico o al enfermo crónico a demostrar una y otra vez que su necesidad es real.

Crítica: Cada tutela en salud representa, antes que un expediente judicial, una falla moral del sistema. Es la prueba de que el derecho existe en el papel pero no necesariamente en la vida concreta del paciente.

Mensaje: Debe crearse un sistema nacional de alertas tempranas de negación, demora y fragmentación del cuidado, con intervención automática antes de que el paciente tenga que acudir a la justicia.

F. No hay ética sanitaria sin medición de resultados

El país mide afiliación, autorizaciones, recobros, presupuestos, deudas y giros. Pero mide de forma insuficiente lo esencial: sobrevida, discapacidad evitable, complicaciones, reingresos, funcionalidad, dolor, calidad de vida, oportunidad diagnóstica y desenlaces relevantes para el paciente.

En alta complejidad, esta falla es particularmente grave. Una cirugía cardiovascular, oncológica, neuroquirúrgica o vascular no debe evaluarse sólo por si fue autorizada o pagada, sino por indicación adecuada, oportunidad, mortalidad ajustada por riesgo, complicaciones, estancia, reintervenciones, recuperación funcional y calidad de vida posterior.

Crítica: Un sistema que paga procedimientos sin evaluar rigurosamente sus desenlaces puede financiar tanto excelencia como futilidad, tanto ciencia como desperdicio, tanto alivio como daño.

Mensaje: Colombia debe implementar registros nacionales obligatorios de desenlaces clínicos por patologías de alto impacto: cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, trauma, salud mental, enfermedades huérfanas, cirugía mayor y patologías crónicas de alto costo.

G. La alta complejidad exige una ética explícita de pertinencia

La medicina moderna puede hacer cada vez más, pero no siempre debe hacerlo. En cirugía cardiovascular, intervenciones aórticas, procedimientos percutáneos, oncología avanzada, UCI prolongada y terapias de altísimo costo, la pregunta no puede ser únicamente “¿es técnicamente posible?”. También debe ser: “¿es proporcional, pertinente, justo y beneficioso para este paciente concreto?”.

La futilidad terapéutica no debe entenderse como abandono, sino como una categoría ética de cuidado responsable. Intervenir sin expectativa razonable de supervivencia significativa, alivio, funcionalidad o calidad de vida puede ser una forma sofisticada de violencia médica y desperdicio social.

Crítica: La medicina de alta complejidad sin evaluación de pertinencia puede convertirse en un ritual tecnológico costoso que consume recursos comunes sin mejorar vidas.

Mensaje: Deben crearse comités clínico-éticos de pertinencia y futilidad en alta complejidad, con criterios transparentes, participación interdisciplinaria, protección del paciente y registro nacional de decisiones complejas.

H. La corrupción es grave, pero no explica todo

La corrupción debe ser perseguida con severidad. El desvío de recursos públicos de la salud es una agresión directa contra la vida. Pero convertir la corrupción en explicación única de la crisis puede ser una salida políticamente cómoda e intelectualmente pobre.

Hay también problemas de diseño, fragmentación, incentivos perversos, falta de información, débil rectoría territorial, insuficiencia técnica, judicialización, captura institucional, mala planeación del talento humano y ausencia de evaluación de resultados.

Crítica: Usar la corrupción como explicación total puede ocultar la incompetencia estructural. No basta con castigar ladrones si se conserva intacta la arquitectura que permite desperdicio, opacidad y mediocridad.

Mensaje: El control anticorrupción debe integrarse a un modelo de auditoría clínica y financiera basado en datos abiertos, trazabilidad de recursos, resultados sanitarios y responsabilidad personal de directivos públicos y privados.

I. La salud territorial no puede seguir siendo una consigna

Colombia no es un sistema homogéneo. La Guajira, Chocó, Vaupés, Cauca, Nariño, Bogotá, Antioquia o Santander no tienen las mismas necesidades, capacidades ni riesgos. Sin embargo, muchas decisiones sanitarias se toman desde una lógica centralista, financiera y poco sensible a la realidad territorial.

La equidad no consiste en asignar igual a todos, sino en reconocer desigualdades y corregirlas con inteligencia pública.

Crítica: La igualdad formal en salud puede ser profundamente injusta cuando ignora la geografía, la pobreza, la ruralidad, la violencia, la dispersión poblacional y la debilidad institucional local.

Mensaje: La financiación debe incorporar ajustes territoriales explícitos por dispersión, carga de enfermedad, capacidad instalada, determinantes sociales, riesgo climático, violencia, envejecimiento y pobreza multidimensional.

J. La salud pública debe volver al centro

Un sistema capturado por la atención individual tardía siempre será más costoso, más injusto y menos eficaz. La verdadera sostenibilidad no nace sólo de pagar mejor las cuentas, sino de evitar enfermedad prevenible, diagnosticar temprano, controlar factores de riesgo y actuar sobre determinantes sociales.

Vacunación, nutrición, salud mental, control de hipertensión, diabetes, cáncer prevenible, salud materna, salud infantil, accidentalidad, violencia, consumo problemático de sustancias y envejecimiento saludable deben ser prioridades reales, no anexos retóricos.

Crítica: Colombia ha permitido que la salud pública sea tratada como un capítulo menor mientras el gasto curativo absorbe la imaginación política y presupuestal.

Mensaje: Al menos una fracción creciente y protegida del gasto sanitario debe orientarse a programas territoriales de prevención, promoción y detección temprana, con metas públicas evaluables.

K. Sin talento humano digno no hay derecho real a la salud

El sistema descansa sobre médicos, enfermeras, auxiliares, terapeutas, especialistas, técnicos, bacteriólogos, instrumentadores, administrativos y cuidadores. Pero muchos trabajan bajo precariedad, tercerización, sobrecarga, pérdida de autonomía profesional y presión productivista.

Un sistema que maltrata a su talento humano termina maltratando al paciente.

Crítica: La explotación laboral en salud es una forma indirecta de deterioro de la calidad asistencial. No puede haber atención humanizada con trabajadores exhaustos, mal pagos o desmoralizados.

Mensaje: Toda reforma debe incluir una política nacional de dignificación laboral, formación territorial, distribución de especialistas, educación continua, seguridad ocupacional y protección de la autonomía profesional responsable.

L. La tecnología y la historia clínica interoperable son obligaciones éticas, no adornos digitales

Colombia necesita una historia clínica interoperable, segura, nacionalmente integrada y centrada en el paciente. No como fetiche tecnológico, sino como condición mínima de continuidad, seguridad, auditoría y conocimiento.

Sin interoperabilidad, el paciente repite exámenes, pierde información, recibe tratamientos contradictorios y navega un sistema fragmentado. Sin datos clínicos integrados, el Estado no puede planear.

Crítica: La fragmentación digital del sistema es una forma moderna de negligencia institucional.

Mensaje: La historia clínica interoperable debe ser una prioridad nacional obligatoria, con estándares únicos, protección de datos, acceso ciudadano, trazabilidad clínica y uso secundario regulado para salud pública e investigación.

M. La rectoría del Estado no equivale a estatización improvisada

El Estado debe dirigir, regular, vigilar y garantizar. Pero dirigir no es improvisar; regular no es perseguir; intervenir no es destruir; y garantizar no es prometer sin capacidad operativa.

La rectoría estatal exige instituciones técnicas, estables, meritocráticas y protegidas de la propaganda.

Crítica: La salud no puede ser botín ideológico de gobiernos de turno. Tampoco puede quedar capturada por intereses privados que confundan rentabilidad con derecho.

Mensaje: Se requiere una gobernanza mixta, transparente y técnicamente exigente: Estado fuerte, prestadores responsables, gestores evaluados, academia independiente, pacientes representados y datos abiertos.

N. Propuesta de arquitectura mínima para una reforma responsable

Una reforma seria debería incluir, al menos:

1. Autoridad Nacional de Inteligencia Sanitaria.
2. Historia clínica interoperable obligatoria.
3. Metodología pública y auditada de la UPC.
4. Registros nacionales de desenlaces clínicos.
5. Auditoría clínica y financiera integrada.
6. Sistema de alertas tempranas contra negaciones y demoras.
7. Política territorial de salud pública.
8. Dignificación del talento humano.
9. Evaluación de tecnologías sanitarias con criterios de valor.
10. Comités de pertinencia y futilidad en alta complejidad.
11. Participación ciudadana vinculante.
12. Transparencia total del flujo de recursos.
13. Indicadores públicos por gestor, territorio y prestador.
14. Fortalecimiento real de hospitales públicos.
15. Protección estricta del derecho fundamental frente a cualquier transición institucional.

Crítica: Una reforma que no incluya estos elementos corre el riesgo de cambiar nombres, contratos y actores, pero conservar la misma ceguera estructural.

Mensaje: Colombia no necesita simplemente reemplazar intermediarios. Necesita reemplazar la lógica del sistema: de pagar enfermedad a producir salud verificable.

Conclusión

El nuevo liderazgo del sector salud colombiano tiene una oportunidad histórica. Puede limitarse a administrar la crisis, sanear deudas, perseguir corrupción y renegociar la arquitectura del aseguramiento. Todo eso es necesario. Pero sería insuficiente.

La tarea moral más importante es otra: reconstruir el sistema desde el derecho fundamental, la inteligencia sanitaria, la equidad territorial, la transparencia radical y la medición de resultados.

Desde la mirada de un médico independiente, formado en la clínica de alta complejidad y vinculado por décadas a la academia, resulta imposible aceptar que la discusión nacional siga girando alrededor del dinero sin preguntarse, con igual rigor, por la vida que ese dinero salva, la discapacidad que evita, el sufrimiento que alivia y la dignidad que protege.

La salud no puede seguir siendo un campo de intermediación opaca, disputa ideológica y resignación judicial. Debe convertirse en el principal proyecto ético, técnico y constitucional de la sociedad colombiana.

La pregunta decisiva para cualquier ministro de salud no debe ser si defiende o elimina las EPS. La pregunta decisiva debe ser si está dispuesto a construir un sistema que conozca a su población, mida lo que hace, corrija lo que falla, proteja al vulnerable y ponga el derecho fundamental por encima de cualquier arquitectura financiera.

Ese es el estándar mínimo. Todo lo demás será administración del deterioro.

El nuevo Ministerio y la vieja pregunta

Cada cambio de ministro de Salud despierta una curiosidad casi ritual. Se revisa la hoja de vida del designado, se buscan afinidades ideológicas, se recuerdan declaraciones pasadas y, finalmente, se intenta adivinar el futuro del sistema a partir del origen profesional de quien ocupará el despacho.

No es un ejercicio inútil. Tampoco suficiente.

La nueva ministra llega después de una larga trayectoria defendiendo la red hospitalaria pública. Conoce de cerca la angustia de los gerentes que esperan un giro para pagar la nómina, la incertidumbre del talento humano, las dificultades de los hospitales que intentan sobrevivir mientras atienden pacientes cada vez más complejos. Nadie puede negar que esa experiencia constituye un activo importante para el país.

Pero el verdadero interrogante no es quién llega al Ministerio.

El verdadero interrogante es qué Ministerio recibe.

Hace poco más de treinta años Colombia decidió organizar su sistema de salud alrededor de un modelo de aseguramiento. Desde entonces hemos discutido casi todo lo imaginable. Hemos debatido el valor de la UPC, la integración vertical, las tutelas, los recobros, la suficiencia financiera, los modelos de contratación, la naturaleza de las EPS, la autonomía médica, los medicamentos, las deudas, la cartera y las reformas.

Durante décadas el debate ha sido intenso. A veces apasionado. Con frecuencia estéril.

El gobierno que termina intentó modificar esa arquitectura mediante una reforma de gran alcance. No lo consiguió. Las razones son múltiples y seguirán siendo motivo de análisis durante muchos años. Lo cierto es que el país llega al inicio de un nuevo gobierno con un sistema cuya estructura esencial permanece intacta.

La nueva administración, por su parte, parece haber escogido un camino diferente. En lugar de anunciar una nueva transformación estructural, ha concentrado su discurso en la estabilización del sistema existente. Es una decisión políticamente comprensible. Ninguna sociedad soporta indefinidamente un sector salud en permanente confrontación.

Sin embargo, conviene preguntarse si estabilizar un sistema equivale necesariamente a resolverlo.

Es posible que una importante inyección de recursos alivie la liquidez de hospitales y aseguradores. Es posible que disminuyan las tensiones más urgentes. Es posible incluso que durante algún tiempo el ciudadano perciba una sensación de normalidad.

Ojalá ocurra.

Pero aun si todo ello sucede, permanecerá intacta una pregunta que Colombia lleva demasiado tiempo evitando.

¿Qué entendemos por un sistema nacional de salud?

La respuesta parece obvia, pero no lo es.

Porque un sistema puede ser extraordinariamente eficiente administrando consultas, cirugías, medicamentos y procedimientos sin llegar a conocer verdaderamente la salud de la población a la que sirve.

Ésa es la paradoja.

Hemos construido una enorme capacidad para administrar la medicina.

No necesariamente para gobernar la salud.

La diferencia entre ambas cosas parece sutil, pero cambia por completo la conversación.

La medicina responde a la enfermedad cuando ésta ya existe.

La salud exige comprender por qué aparece, cómo evoluciona, dónde se concentra, qué la modifica y cuáles decisiones colectivas pueden transformarla antes de que llegue al consultorio o al quirófano.

Mientras no exista esa capacidad de conocimiento, el sistema continuará girando alrededor de aquello que sí sabe medir: dinero, facturas, contratos, autorizaciones, glosas, recobros y presupuestos.

No porque esos asuntos sean irrelevantes.

Sino porque terminan ocupando el lugar de aquello que nunca aprendimos a construir.

Una inteligencia sanitaria nacional.

No un software.

No una plataforma adicional.

No otro formulario.

Una capacidad permanente del Estado para conocer, casi en tiempo real, la salud de su población, comprender sus transformaciones y convertir ese conocimiento en decisiones públicas.

Tal vez ése sea el vacío más importante de nuestro sistema.

Y, paradójicamente, casi nunca forma parte de la discusión.

Discutimos quién administra los recursos.

Discutimos quién presta los servicios.

Discutimos quién asegura a los ciudadanos.

Pero rara vez discutimos quién produce el conocimiento indispensable para gobernar la salud de un país.

Quizá por eso cada cambio de ministro despierta tantas expectativas.

Esperamos que una persona resuelva aquello que ninguna institución ha sido diseñada para hacer.

No es una tarea individual.

Ni siquiera gubernamental.

Es una tarea de Estado.

La nueva ministra seguramente encontrará hospitales que necesitan recursos, aseguradores que reclaman estabilidad, profesionales agotados y pacientes que exigen respuestas. Atender esas urgencias será inevitable y, probablemente, acertado.

Pero sería una lástima que, una vez más, el país terminara creyendo que superar la siguiente crisis financiera equivale a haber encontrado el rumbo.

Los sistemas de salud no fracasan únicamente cuando se quedan sin dinero.

También fracasan cuando dejan de hacerse las preguntas fundamentales.

Y quizá la primera de todas sea ésta:

¿Estamos administrando la salud de los colombianos o simplemente administrando el tránsito de los colombianos por un sistema de atención médica?

Si la respuesta aún no es clara, entonces la conversación verdaderamente importante apenas comienza.